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HONDURAS: 94 DIPUTADOS Y 7 SENADORES ESTADOUNIDENSES FIRMAN CARTA PIDIENDO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 
Lee abajo las dos cartas en español:
RED SOLIDARIA CON HONDURAS PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: Martes, 13 de Marzo de 2012 CONTACTOS: Vickie Cervantes, Chicago: 312-259-5042 Suyapa Portillo, Los Angeles: 323 637 7812
HONDURAS: 94 DIPUTADOS Y 7 SENADORES ESTADOUNIDENSES FIRMAN CARTA PIDIENDO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Washington, D.C.-Una carta dirigida a la Secretaria de Estado Hillary Clinton fue enviada ayer desde la oficina de la Representante Jan Schakowsky (D-Chicago). La carta, firmada por 94 miembros de la cámara de representantes, urge que se observen los derechos humanos en Honduras. La Secretaria de Estado, también recibió una carta del Senado, patrocinada por la Senadora Mikulski (D-Maryland) y firmada por 6 senadores. A estos representates también se añaden 10 sindicatos de la Federación Americana Laboral (AFL-CIO) y la Federación de Profesores, al igual que la Red Solidaria con Honduras, un grupo de más de 30 organizaciones estadounidenses, que se dedican a velar por los derechos humanos en Honduras.
Ambas cartas destacan los abusos contra campesinos en el area del Bajo Aguan en la Costa Norte del país, en donde han muerto mas de 45 campesinos. Desde el golpe de estado en el 2009 se han registrado más de 300 asesinatos politicos incluyendo 18 periodistas.
La carta de la diputada Schakowsky pide lo siguiente: 1. La suspensión de ayuda militar; 2.Urge que el gobierno de Honduras investigue y enjuicie a los responsables de los asesinatos injustos; 3. Exije la regulación de las empresas de seguridad privada; 4. El cumplimiento de los acuerdos ya firmados con asociaciones campesinas para resolver el conflicto de tierra en el Bajo Aguán; 5. pide que la Embajada de EEUU en Honduras proporcione información sobre el cumplimiento de las “Provisiones Leahy,” especialmente sobre los actos cometidos por el 15avo. Batallón y los efectivos que han participado en la operación Xatruch II.
Gary Cozette, lider religioso de Chicago explica que "Esta carta de la Representante Schakowsky ha recibido mas apoyo que antes, con 94 firmas de representantes. También esta es la primera vez que hemos visto representates del Senado hablar sobre la grave situación en Honduras."
Tanya Cole de Witness for Peace Southwest reiteró que “mientras hay una gran protesta internacional sobre la crisis de derechos humanos en Honduras, la administración del Presidente Obama se propone aumentar la ayuda militar a Honduras con el pretext de la guerra contra el narcotráfico. Se teme que este aumento de fondos y tropas en manos del estado Hondureño sea utilizado en la repression de personas en el Bajo Aguán. No podemos confiar en el gobierno Hondureño porque esta implicado en abusos de derechos humanos en contra de su misma población.”
### Carta del Senado:
La Honorable Hillary Clinton Secretaria de Estado Departamento de Estado 2201 C Street, NW Washington D.C. 20520
Estimada Señora Secretaria,
Estamos escribiendo para expresar nuestra preocupación en cuanto a la creciente cantidad de violaciones de derechos humanos en Honduras, y el fracaso por parte de las autoridades del Estado al no enjuiciar a los violadores y proteger los derechos de las víctimas y sus familias. Específicamente, estamos preocupados por reportes creíbles de asesinatos y ataques violentos que parecen involucrar a la policía y agentes militares. A pesar de que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, ha dicho que responder a los abusos de derechos humanos está entre sus “prioridades más altas,” hasta ahora casi ninguno de los perpetradores ha sido llevado a la justicia.
Durante los últimos años, organizaciones de derechos humanos internacionales y hondureñas han documentado un patrón de violencia y de amenazas en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, miembros del clero, líderes sindicales, activistas de la oposición, estudiantes, pequeños agricultores, activistas LGBT, y personas perteneciendo a otros sectores vulnerables. Al parecer, muchos de los abusos están vinculados a las fuerzas de seguridad del Estado. Grupos hondureños de derechos humanos han reportado que más de 300 personas han sido asesinadas por fuerzas de seguridad del Estado desde que empezó el mandato del Presidente Porfirio Lobo. Más y más hondureños, incluyendo a ex-oficiales y actual oficiales del gobierno están presentando denuncias sobre la extensa corrupción de la policía hondureña, y su involucramiento en el tráfico de drogas y asesinatos.
Honduras, además de tener el índice más alto de homicidios en el mundo, también se lleva la dudosa distinción de ser el país más letal para periodistas. Trece periodistas han sido asesinados desde la inauguración del mandato de Presidente Lobo en febrero de 2010. El Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalism) ha difundido una carta pública llamando a que el presidente corrija los fracasos de las autoridades hondureñas en cuanto a la falta de investigación de estos crímenes, y la falta de voluntad del gobierno de tomar acción.
Esta falta de voluntad de abordar la cuestión del crimen en Honduras se extiende al conflicto agrario en el valle del noroeste, el Bajo Aguán, que ha dado lugar a más de 50 muertes, entre ellos muchos pequeños agricultores. Grupos de derechos humanos también han reportado docenas de asesinatos de miembros de la comunidad lesbiana, homosexual, y transexual durante los últimos dos años. Parece haber poco progreso en cuanto a lograr reparaciones judiciales para las víctimas y los familiares de las víctimas de violencia en Honduras. Aun más preocupante son las evidencias de que las fuerzas de seguridad de Honduras –en vez de efectivamente luchar en contra del oleaje de violencia— más bien parecen ser una parte importante del problema.
Quisiéramos llamarle la atención a esta situación trágica, con la esperanza de que la administración tomará todas las acciones diplomáticas necesarias para dejarles claro a las autoridades hondureñas que los abusos a los derechos humanos, especialmente los donde se sospecha que las fuerzas de seguridad del Estado están involucrados, deben ser abordados de manera rápida y eficaz. Los perpetradores de los ataques violentos deben ser responsabilizados y los grupos vulnerables deben recibir protección genuina, incluyendo frente a elementos nocivos dentro de la policía y las fuerzas militares.
Como usted sabe, el Consolidated Appropriations Act of 2012 (Ley consolidada de apropriaciones para 2012) exige que antes de asignar el 20 por ciento de los fondos para Honduras, el Departamento de Estado investigue e informe al Comité de Apropriaciones sobre si el gobierno de Honduras está “implementando políticas para proteger los derechos a la libre expresión y asociación, y el debido proceso de ley,” y si está enjuiciando a “militares y policías que son creíblemente acusados de haber violado derechos humanos,” y también si la policía y los militares están “cooperando con autoridades civiles en estos casos”. De acuerdo a estos requerimientos, respetuosamente pedimos que el Departamento de Estado nos mantenga informados, con información detallada, sobre si las autoridades hondureñas están cumpliendo adecuadamente con las disposiciones de la ley de apropriaciones para el año fiscal de 2012.
Le agradecemos por adelantado por tener nuestras preocupaciones en cuenta.
Sinceramente,
Carta de la Camara, firmado por 94 diputados
Carta de 92 congresistas estadounidenses, auspiciada por Representante Jan Schakowsky, a Secretaria de Estado Hillary Clinton sobre la situación del Bajo Aguán, Honduras (traducción no-oficial)
el 9 de marzo, 2012
Honorable Hillary Clinton Secretaria de Estado Departamento de Estado 2201 C Street NW Washington, DC 20520
Estimada Señora Secretaria Clinton:
Deseamos expresar nuestra preocupación por la grave situación relacionada con los derechos humanos en la región del Bajo Aguán en Honduras, y solicitamos al Departamento de Estado que se tomen medidas efectivas para solucionar el problema. Los abusos que se producen en esta área del citado país reflejan una modalidad más amplia de violaciones de los derechos humanos dentro de la cual defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y activistas de la oposición son objeto de amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales. Valoramos la declaración del Departamento de Estado realizada el 9 de noviembre de 2011 en la cual se instaba a las autoridades de Honduras a poner fin a la violencia y la impunidad en el Bajo Aguán. Exhortamos al Departamento de Estado para que se mantenga esfuerzos para urgir al gobierno de Honduras a proteger los derechos humanos esenciales de sus ciudadanos y para que se investiguen y sometan a juicio los abusos.
Entre septiembre de 2009 y el 8 de febrero de 2012 fueron asesinadas cuarenta y cinco personas asociadas a organizaciones de campesinos. Desde mayo de 2011 se encuentra desaparecido Francisco Pascual López, otro integrante de una asociación de campesinos. También han sido asesinados siete agentes de seguridad, un policía, un periodista y su pareja, y tres personas más.
Esta crítica situación fue el tema al cual se refirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su audiencia de octubre de 2011. La conclusión a la cual llegó la CIDH la llevó a manifestar su particular preocupación por “la situación del Bajo Agúan, en Honduras… [la CIDH] recibió información sobre la criminalización de la lucha campesina y la militarización de la zona, lo que habría puesto a los campesinos y a defensores y defensoras de derechos humanos en la zona del Bajo Aguán en una situación de alto riesgo.”
Según información presentada a la CIDH por grupos de derechos humanos, los testimonios recogidos a través de testigos señalan a los agentes de seguridad privada de las tierras en disputa como autores de muchos de estos crímenes. En algunos casos, se ha indicado que los agentes de seguridad actúan en connivencia con ciertos miembros de la policía y del ejército. A mediados de agosto, el gobierno de Honduras inició un operativo conjunto militar-policial conocido como Operación Xatruch II. Al menos nueve integrantes de organizaciones campesinas, incluidos dos líderes principales, han sido asesinados desde el lanzamiento de esta operación.
Según información presentada a la CIDH por grupos de derechos humanos, miembros de la comunidad fueron torturados por efectivos policiales y militares asociados a la Operación Xatruch II. En un caso, se dice que el hijo de 17 años de edad de un líder campesino fue sometido a torturas por policías y militares, quienes lo remojaron en gasolina y amenazaron con quemarlo o enterrarlo vivo. El 1º de noviembre, se abrió fuego contra un grupo de pequeños agricultores y sus familias que regresaban de un cementerio; según se dice, los disparos provenían de agentes de seguridad privada. Durante el ataque una persona murió y cuatro resultaron heridas; uno de los heridos falleció con posterioridad.
Todavía no se ha realizado la investigación y procesamiento judicial de estos hechos. En septiembre de 2011, Human Rights Watch informó que si bien se han librado algunas órdenes de captura, ninguna persona ha sido efectivamente arrestada ni acusada por estos asesinatos. Mientras por un lado el sistema judicial de Honduras no ha procedido a someter a juicio a los autores de las ejecuciones extrajudiciales, por el otro las autoridades han demostrado gran eficiencia en la emisión de órdenes de captura contra los organizadores campesinos del Bajo Aguán, en gran medida por violación de la propiedad privada y robo de cultivos entre enero de 2010 y julio de 2011.
Subyacen a la violencia los conflictos de larga data sobre la propiedad de la tierra, los cuales exigen una resolución urgente. Una iniciativa de reforma agraria impulsada por el gobierno en la década de 1970 otorgó la titularidad de tierras a pequeños agricultores del Bajo Aguán. Según las asociaciones campesinas, muchos se vieron forzados a vender sus tierras mediante fraude y coerción. Varias asociaciones llegaron a un acuerdo con el gobierno de Zelaya para la resolución de los conflictos sobre las tierras y, al no cumplirse este acuerdo, luego del golpe de estado de junio de 2009, pequeños agricultores comenzaron a ocupar las tierras que reclaman como propias. Hasta la fecha no se ha realizado la transferencia de tierras a los campesinos, según lo planificado de conformidad con el acuerdo celebrado entre el gobierno de Lobo y algunos de los grupos de campesinos en abril de 2010. Queda sin aclarar si el nuevo acuerdo firmado el mes pasado incluye términos que sean económicamente viables para los agricultores o si el gobierno de Lobo realizará el acuerdo tal como se pretende. El gobierno de Honduras tampoco cumple en su mayor parte con la ley hondureña existente según la cual las tierras de propiedad del estado que pertenecían al anterior Centro Regional de Entrenamiento Militar del Bajo Aguán se han de transferir a los campesinos sin tierra. Asimismo, el gobierno no ha protegido los derechos de las comunidades establecidas que tienen título de propiedad legal de largo plazo sobre sus tierras, las cuales han sido atacadas y despojadas de sus propiedades. Sabemos que usted comparte nuestro convencimiento de que, teniendo en cuenta el apoyo de los Estados Unidos al gobierno hondureño, incluida la asistencia prestada a los sistemas de policía, militar y judicial, tenemos la obligación de asegurar que se respeten los derechos humanos. Por cierto, entendemos que los Estados Unidos está suministrando entrenamiento al Batallón 15 de las fuerzas militares de Honduras que opera en la región del Bajo Aguán.
Le solicitamos que se exhorte al gobierno de Honduras a intervenir de inmediato para proteger los derechos humanos en la región del Bajo Aguán y en todo el país. Esto debería incluir la investigación y el procesamiento judicial de todos los responsables de asesinatos, amenazas y otros abusos, incluidos los autores intelectuales de los mismos, y la inmediata suspensión, la investigación y el enjuiciamiento de los efectivos militares y policiales contra quienes pesan acusaciones verosímiles de haber cometido o de haber actuado en connivencia en la comisión de tales abusos. Instamos al Departamento de Estado a que se solicite un informe que dé cuenta de la situación específica de estos casos y a que se nos suministre una valoración concreta de la situación más que una evaluación general de los esfuerzos destinados a reforzar el sistema judicial.
El gobierno de Honduras debe proporcionar medidas básicas de protección, a través de consultas con los beneficiarios, los testigos, las víctimas, los defensores de derechos humanos y los líderes campesinos que se encuentran en riesgo en la región. También creemos que el gobierno de Honduras debe regular el accionar de las empresas de seguridad privada, las cuales, hasta ahora, han actuado con impunidad. Asimismo, el gobierno de Honduras debe cumplir con los acuerdos ya firmados con las asociaciones campesinas a los efectos de solucionar los conflictos sobre la tierra en el Bajo Aguán y debe procurar soluciones integrales a la falta de acceso a la tierra y medios de subsistencia que subyace a esta conflictiva situación.
Por este medio asimismo solicitamos que se suspenda la asistencia de los Estados Unidos a los efectivos militares y policiales de Honduras, basándonos en las denuncias verosímiles recibidas que dan cuenta de graves y extensas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Destacamos que el proyecto de ley presupuestaria del año fiscal 2012, en relación con las operaciones extranjeras, exige al Departamento de Estado certificar que el gobierno de Honduras “está investigando y procesando bajo el marco de la justicia civil, de acuerdo con la legislación hondureña e internacional, a los efectivos militares y policiales que con verosimilitud son acusados de haber violado los derechos humanos, y que los militares y la policía de Honduras están prestando colaboración a las autoridades judiciales civiles en relación con tales casos." Además de los casos del Bajo Aguán, existen numerosas acusaciones adicionales que dan cuenta de la participación policial y militar en amenazas, uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la cual analizó 20 casos emblemáticos de derechos humanos resultando en muerte que tuvieron lugar entre el golpe de estado de junio de 2009 y la asunción del gobierno por parte de Lobo, determinó que más de las tres cuartas partes de tales hechos se pueden atribuir al uso excesivo de la fuerza por parte del ejército o la policía, o a asesinatos a manos de agentes estatales. La sobrecogedora mayoría de tales crímenes permanece impune.
El gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de hacer cumplir en forma enérgica la ley Leahy incluida en la ley de cooperación externa y la ley sobre financiación para la defensa. Solicitamos información específica acerca de los esfuerzos realizados por la Embajada de los Estados Unidos para aplicar las disposiciones Leahy en relación con los abusos que según se denuncia fueron cometidos por efectivos policiales y militares en el Bajo Aguán, incluso con referencia al Batallón 15 y a las diversas unidades policiales y militares que han intervenido en la Operación Xatruch II.
Le agradecemos la atención que pueda dedicar a estas importantes cuestiones relacionadas con el fortalecimiento del régimen de derecho en Honduras.
Atentamente.
Cc: Embajadora Lisa Kubiske María Otero, Subsecretaria de Democracia y Asuntos Mundiales Roberta Jacobson, Secretaria Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Michael H. Posner, Secretario Asistente de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo Frank Mora, Subsecretario Asistente de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental Daniel Restrepo, Director Ejecutivo para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo Nacional de Seguridad Kathleen FitzPatrick, Subsecretaria Asistente de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo Senador Patrick Leahy, Presidente, Subcomisión de Operaciones Extranjeras del Senado
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